GESTIÓN DEL AGUA E INSTITUCIONALIDAD EN LAS CUENCAS

La promulgación de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338, cuya finalidad consiste en regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociadas a ésta (Art. II), inauguró un nuevo camino en la construcción de institucionalidad en las cuencas hidrográficas del país. Un instrumento importante de este proceso es la Autoridad Nacional del Agua-ANA, como ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Desde la dación de la nueva Ley hemos asistido a tres gestiones del ANA y ahora una cuarta acaba de ser nombrada para conducir los derroteros de la gestión del agua en este último tramo del actual gobierno.

En los casi tres años de vida de creación del ANA, podemos afirmar que estamos aun frente a una institución pública nueva, que ha ido avanzando en la administración del agua y la creación de determinados instrumentos de gestión, llámese el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, el cual fue ampliamente consultado y consensuado con los principales actores vinculados al agua; el Reglamento de otorgamiento de derechos de usos de agua; el Reglamento de Organización y Funciones-ROF del ANA; y, recientemente, los Lineamientos Generales para la Creación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, entre otros.  Si bien estos instrumentos de gestión son claves en la construcción de la institucionalidad en torno al agua, por sí solos no generan condiciones de gestión integrada en las cuencas.

Señalo algunas condiciones fundamentales para la construcción de institucionalidad en las cuencas: 1) instancias administrativas del agua que respondan a procesos de gestión integrada de los recursos hídricos; 2) recursos humanos calificados con manejo técnico adecuado de los procesos de gestión integrada del agua; 3) procesos concertados de gestión del agua en las cuencas con participación de los actores del agua y liderazgo de las autoridades regionales y locales; 5) desarrollo de capacidades de los actores para la gestión integrada del agua en las cuencas.

El PNUD en su Informe sobre Desarrollo Humano 2009, Parte II: "Una visión desde las cuencas", señala que "la creación de la Autoridad Nacional del Agua ha significado un paso sustancial en el establecimiento de una institucionalidad adecuada para la gestión de estos recursos. No obstante el carácter conflictivo del manejo del agua, distintos sectores han coincidido en reconocer la necesidad de contar en el país con una autoridad técnicamente solvente y suficientemente legitimada para introducir racionalidad y orden en la gestión de los recursos hídricos del país". Esta solvencia técnica y legitimación en las cuencas de cara a la gestión integrada de los recursos hídricos son aspectos que están en construcción.

Si bien el ANA a nivel de su sede central cuenta con cuadros técnicos especializados en el manejo del agua, esto no siempre se cumple a nivel de sus Administraciones Locales de Agua (ALA) o en las nuevas Autoridades Administrativas del Agua, conocidas como las AAA. Las dos últimas gestiones salientes, terminaron desconociendo el aporte de muchos técnicos en estos espacios de gestión, cesados en sus cargos a pesar de haber sido entrenados para asumir el nuevo desafío de conducir la gestión del agua en sus ámbitos de jurisdicción bajo el nuevo marco institucional que la Ley de Recursos Hídricos señala. Buena parte del débil liderazgo que tienen muchas Administraciones Locales de Agua y las recientes Autoridades Administrativas del Agua, se debe a las razones no siempre técnicas en el nombramiento de estas autoridades, con insuficientes capacidades para la gestión del agua en las cuencas y por el alineamiento político exigido a éstas. Esto mismo sucede en la sede central del ANA, que en lo que va del presente año ha incrementado notablemente de personal, el cual no siempre presenta las cualificaciones apropiadas para el ente técnico normativo.

Las instancias de gestión de las cuencas a través de las 14 AAA y de las 169 unidades hidrográficas en todo el país, constituyen un nuevo enfoque territorial en la gestión del agua, pero no son suficientes si no se generan procesos que afirmen la institucionalidad con los actores en el territorio. La conformación y designación de estas instancias de gestión, si no se hacen siguiendo criterios técnicos e institucionales ponen en riesgo la legitimación de la misma Autoridad Nacional del Agua y los procesos de gestión de los recursos hídricos  a ser generados en las cuencas.

El Proyecto de Modernización de Gestión de los Recursos Hídricos-PMGRH, aprobado por el MEF el 2008 con financiamiento del Banco Mundial, del BID y del Estado, vendría a ser una intervención complementaria o diríamos modélica a los procesos de institucionalidad del agua a ser construidos de acuerdo al nuevo marco legal. La intervención planteada a nivel de cuencas pilotos debería marcar derroteros en la gestión integrada del agua para otras cuencas en el país, con procesos participativos y concertados con los diversos usuarios del agua representados en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, y el liderazgo de las autoridades regionales y locales. Sin embargo, este proceso parece anclar en intenciones poco traducidas en esfuerzos compartidos con los involucrados en las cuencas, con autoridades gubernamentales en las regiones y localidades participantes insuficientemente adheridas a estos procesos, Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca que podrían terminar siendo creados en términos formales pero que no respondan a procesos de participación de los actores, poniendo en riesgo la sostenibilidad del mismo Proyecto. A esto debe sumarse el personal técnico aplicado al PMGRH, con pocos cuadros técnicos sobre los que recae la responsabilidad de llevar adelante los procesos y procedimientos acordados con las entidades financieras, y un cierto número de personas que no reúnen el perfil adecuado para sostener el conjunto de estrategias y actividades que demanda la intervención planteada.

Es cierto que estamos ante retos nuevos y con un marco institucional diferente a la anterior Ley de Aguas. Los desafíos que presenta la gestión integrada del agua requieren de la afirmación de capacidades de los actores en términos de competencias para una gestión del agua que sea eficiente, participativa y transparente. No basta tener eventos masivos que sólo informan pero no forman, que no contribuyen a crear nuevas disposiciones y compromisos en los usuarios del agua de cara al nuevo marco institucional en las cuencas. Una propuesta de desarrollo de capacidades debe estar basada en reconocer y fortalecer el capital organizativo en las cuencas, en generar aprendizajes que permita a los actores participar con efectividad en los procesos de gestión del agua, especialmente en la formulación e implementación de los planes de gestión; y sobre todo, en propiciar nuevos comportamientos en relación al recurso hídrico que generen una nueva cultura del agua.

Estos son los desafíos que deberán enfrentar las autoridades recientemente nombradas. El compromiso del actual gobierno ha radicado en construir un país con bases sólidas para el crecimiento social y económico, y la gestión integrada del agua constituye una de esas bases. Este esfuerzo requiere abrir las ventanas para que entre aire fresco y el compromiso de todos quienes tienen un vínculo con la gestión del agua.

SI EL RÍO HABLARA... URGENTE PROMOVER LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RIMAC

Es domingo. La página principal del Diario El Comercio nos muestra la trágica realidad del río cuyas aguas llegan hasta nuestros hogares para servirnos a nuestras más elementales necesidades cotidianas. Vida y muerte son las dos caras de una fuente natural practicamente en destrucción, debido a la acción irresponsable de cuantas empresas mineras, industrias y  poblaciones asentadas en sus márgenes existen en su largo recorrido, quienes vierten toneladas de residuos que contaminan este recurso vital. Vida corta en la laguna Ticticocha, en las alturas de Ticlio, que da origen al Hablador y una muerte extendida que recorre agonizante más de 130 kilómetros pasando por Lima y Callao para desembocar mortalmente en el Pacífico.

Laguna Ticticocha-Foto El Comercio

Puente El Ejército-Foto El Comercio

Es preocupante que la ley no sea cumplida por las empresas cuyas actividades generan residuos contaminantes, que sólo una empresa cuente con la respectiva autorización legal para verter efluentes líquidos en el río Rímac, de acuerdo a los estándares de calidad ambiental exigido por el Estado. ¿Acaso la ley existe sólo para recordar que no está siendo cumplida?, ¿no tienen los órganos responsables de velar por el cuidado ambiental de las fuentes naturales la capacidad para exigir el cumplimiento de la ley?

No cabe duda que el problema es complejo como agonizante es la vida del río Hablador, que lo único que podría pronunciar, está en la voces de quienes tienen una responsabilidad directa frente a ello. La Ley General de Ambiente y sus instrumentos, La Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, son herramientas claras para proteger esta fuente natural, pero requiere de la voluntad y esfuerzo tanto del estado, como de las entidades privadas que hacen uso del río de alguna forma, pero también de la población que debe asumir y exigir responsablemente el cuidado de las aguas que usa.

Es urgente la creación del organismo de cuenca que permita sentar en la misma mesa a los representantes de los diversos usuarios del río Rimac, tanto aguas arriba como aguas abajo. Es clave el rol que deben liderar los Gobiernos Regionales de Lima y Callao, la Municipalidad Provincial de Lima, con el soporte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), para conducir los esfuerzos de gestionar la cuenca en términos de los usos prioritarios del agua del río Rimac como para preservar la calidad de ésta, pero también es cierto que las instancias de gobierno regional y local no están en condiciones de afrontar el problema en su complejidad, lo que hace urgente la acción articulada con los actores estatales como el Ministerio de Ambiente, el ANA y DIGESA.

Si bien el Reglamento de la Ley que norma el funcionamiento de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca-CRHC establece la composición y las funciones generales de este mecanismo de gestión, la urgencia del problema debe llevar a la creación de una instancia de coordinación y concertación para asegurar compromisos claros de los actores involucrados y a la exigencia del cumplimiento de la ley sin cortapizas. No se trata de esperar la conformación formal del CRHC, procedimiento que tiene su particularidad normativa, y sí apuntar a la conformación de una instancia que emule las funciones del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos ya contenidas en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. En último término, sea la instancia que fuere, es urgente tomar cartas en el asunto, pues no estamos ante un problema nuevo.

El Hablador agoniza, con él agonizamos todos. 

PARTICIPACIÓN EN LAS CUENCAS Y GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA

La reciente Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento señala entre sus principios la importancia de la participación de los actores en las cuencas hidrográficas. Una gestión integrada de los recursos hídricos requiere el reconocimiento de los diversos actores vinculados al agua, en otras palabras, la representación de los distintos usuarios. Un mecanismo que asegure la participación de estos actores, lo constituye el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, que el Reglamento de la nueva Ley determina en cuanto a su composición y funcionalidad.

Ciertamente la eficicia del funcionamiento de este tipo de mecanismos de participación dependerá de cómo se asegure la participación representativa en forma amplia e inclusiva de los diversos usuarios del agua. No cabe duda que la forma de entender la participación en este tipo de mecanismos debe combinar criterios de configuración y representación territorial, de niveles organizativos de los actores, de accesos a información abiertos a todos, y de la intervención concertada y democrática en la toma de decisiones que contribuyan a poner en marcha los procesos de gestión eficiente del agua bajo los planes participativos de gestión de este importante recurso.

El Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos-PMGRH, a ser ejecutado por la Autoridad Nacional del Agua con recursos del Banco Mundial, del BID y los aportes del Estado peruano, en otras palabras, de los peruanos, puede significar la implementación de experiencias que sean modelos de gestión eficiente y participativa del agua en las cuencas donde se ejecutará el PMGRH, pero implementar este tipo de intervenciones sin considerar adecuadamente las configuraciones territoriales y el capital participativo existente en las cuencas, pone en riesgo la eficacia y sostenibilidad de la misma propuesta. El país requiere de la afirmación de procesos de institucionalidad y la gestión integrada del agua con la participación concertada de los usuarios, con un claro acompañamiento técnico del Estado, puede constituir una experiencia emblemática que pueda ser replicada a lo largo y ancho de las cuencas hidrográficas y en otros procesos participativos en el Perú.